La Legislatura Porteña aprobó en la sesión de ayer el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires votaron el acuerdo firmado el 5 de enero por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , por el cual se transfieren 18.000 efectivos de la fuerza federal a la ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno calificó como “un día histórico” el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de una extensa y acalorada discusión se procedió a votar el proyecto de traspaso registrando el siguiente resultado: 39 votos a favor (Pro y aliados), 11 abstenciones (FPV) y tres negativos (FIT-2- y AyL) El proyecto de creación de un cuerpo policial ( metropolitana) propio ahora entra en contradicción con el traspaso de otro cuerpo, tal vez todo se resuelva en una fusión de fuerzas.
Los numeros de la Federal *
En el doble laberinto que representa el régimen de coparticipación federal de impuestos –legal por un lado, por las múltiples modificaciones parciales que se le practicaron, y político por otro, por el tironeo entre las provincias, y entre éstas y la Nación, nunca resuelto–, ayer el gobierno de Mauricio Macri tiró una bomba de humo como para hacer menos visible la salida. Incrementó la cuota de la recaudación coparticipable que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75 por ciento. En valores, significa que de los poco más de 10 mil millones de pesos que estaban presupuestados que recibiría por ese concepto la CABA este año, pasará a embolsar más de 26.800 millones: un incremento de 168 por ciento, por un simple golpe de decreto. No son pocos los que sospechan de que la transferencia de recursos excede las necesidades propias del traspaso de la Policía Federal al ámbito del Gobierno de la Ciudad, como los que imaginan que el salto en la cuota de esta última busca favorecer su posición relativa para cuando llegue el momento de discutir un nuevo reparto de la coparticipación.
El gobierno de Rodríguez Larreta se escudó en que los fondos no se detraen de lo que le corresponde a otras provincias, y por lo tanto habría que interpretar que “no modifica la coparticipación”. Es cierto que quien cede los recursos, en lo inmediato, es el gobierno nacional, al que le corresponde algo más del 40 por ciento de los impuestos coparticipables. Sin embargo, la protesta de otros distritos no se hizo esperar, y no les falta razón: elevar el coeficiente de participación de la CABA a 3,75 por ciento significa colocar a la jurisdicción porteña en un punto de partida ventajoso para el momento de una futura discusión del “reordenamiento” de partidas entre las provincias –que alguna vez llegará–, fijando y respetando algún criterio de distribución hoy prácticamente inexistente. Con la cuota alcanzada gracias al decreto, la CABA pasa a recibir el triple de Tierra del Fuego, y el doble de lo que corresponde a Chubut, La Pampa, Neuquén o Santa Cruz.
Hasta hace 48 horas, la Ciudad Autónoma ocupaba el décimo noveno lugar en el ranking de coparticipación. Ahora pasó al cuarto. Que la jurisdicción más rica del país ostente tal lugar de privilegio no se condice con el sentido “redistributivo igualitario” que, se supone, debe conducir el criterio de la coparticipación. Y en cambio, tiende a responder más a un criterio “devolutivo”, según el cual quien más recauda más recibe. Esto es lo que pone en alerta a las provincias “chicas”: que el gobierno macrista esté delineando un criterio de distribución que beneficiaría, justamente, a la CABA y a Buenos Aires, los dos gobernados por el PRO.
El argumento que motivó la reasignación de partidas fue la necesidad de compensarle a la Ciudad el costo por el traslado de la Policía Federal. Sin embargo, especialistas en temas presupuestarios –incluso con responsabilidad en la administración nacional– aseguran que los recursos que demandará la fuerza de seguridad transferida no pasa de los 9000 millones de pesos al año. “Si le están transfiriendo 16.800 millones extra con el aumento de la cuota de coparticipación, le están regalando casi 8000 millones de pesos”, estimó la mencionada fuente ante este diario.
“En aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –reza el decreto 194/2016 en sus considerandos– y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”. Se entiende que allí se alude al traspaso de las fuerzas de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, pero al no mencionarlas se evita que se haga la imputación directa y la comparación entre costos reales de dicha incorporación y la partida extra asignada.
Hace una semana, Macri derogaba el decreto de Cristina Fernández de Kirchner que disponía devolverle a todas las provincias el 15 por ciento de la coparticipación, que se les descontaba para engrosar la recaudación de Anses. Y ese decreto derogatorio de Macri, publicado en el Boletín Oficial el 13 de enero, se fundamentaba en que, con el anterior de Fernández de Kirchner, se vulneraba “la expresa limitación constitucional del artículo 99 inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva”. Es decir, los recursos de la coparticipación.
¿No vulnera el decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial, que modifica la cuota de coparticipación de la CABA, esa misma limitación constitucional del artículo 99 en su inciso 3? Voceros cercanos al macrismo aseguran que no, porque el de ayer no fue un decreto de necesidad y urgencia como el de Cristina. Los especialistas en el tema tienen una opinión diferente.
Si se revisa el mencionado inciso, resulta que en su primera parte, refiere que “el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y lo que dice a continuación es que, en circunstancias excepcionales, el Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. Es decir, que el Ejecutivo no puede emitir disposiciones en materia tributaria, ni por decreto regular ni de necesidad y urgencia. La interpretación oficial de ayer omitió la primera parte del inciso, y saltó directamente a la segunda, que inhabilita incluso el uso de los DNU. Es otro costado débil del decreto de ayer que favorece la posición de la Ciudad Autónoma: legisla en materia tributaria, y por lo tanto sería susceptible de ser declarado de “nulidad absoluta e insanable”. * Raul de la Torre
