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Autor: Administración Conexion Ciudad

Se cumplen seis meses de la muerte de Carla Soggiu y no hay avances judiciales

Este viernes 19 de julio se cumplen seis meses de la triste noticia de la aparición sin vida de Carla que era incesantemente buscada por familiares y amigos luego de su desaparición días antes en el barrio de Nueva Pompeya, en la Comuna 4 de la Ciudad, lamentablemente su cuerpo sin vida su encontrado en el Riachuelo, en estos seis meses la investigación sobre la causa la muerte no ha avanzado nada y los familiares siguen reclamando por justicia para Carla. Concretamente la familia de Carla Soggiu le piden al Gobierno de la ciudad que le brinde a la Justicia acceso a los contratos y a la información de la empresa que al momento de la muerte de la joven estaba a cargo del sistema de localización con que contaba Carla. Además, su padre expresó “El Estado, el Gobierno porteño, tiene que estar a disposición de los ciudadanos y satisfacer los requerimientos para avanzar y darle fin a esto. Lo único que estuvieron haciendo, negando esto, es poner piedras en el camino. Me da mucha sospecha. Como ellos hicieron las cosas mal quieren tapar” todo es muy raro sentencio Alfredo el padre de la joven mujer. Carla, de 28 años desapareció el 15 de enero, luego de hacer sonar dos veces el botón antipánico que tenía por las amenazas que sufría por parte de su exmarido, Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre. Meses antes, el hombre la había golpeado y violado. La familia de Carla cree que este es el inicio del fatal desenlace. La joven tenía una válvula de hidrocefalia y había recibido varios golpes en la cabeza de parte de su expareja. Según relata Alfredo su padre, luego del abuso sexual, su hija debió pasar más de 12 horas en dependencias judiciales y hospitales, pero en ningun momento se le realizaron estudios en su cráneo. El dato no es menor. Carla tenía un fuerte golpe en uno de sus ojos. Además, sufría un profundo cuadro de “estrés”. Su padre asegura que esto estaría directamente relacionado con la pérdida de lucidez del día que se perdió.  A seis meses toda la comunidad pide justicia para Carla

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Hospital Garrahan: Cirugías que lo cambian todo, volver a caminar

Resulta poco serio llamar lugar mágico a un hospital donde el grado de avance de la ciencia logra cosas maravillosas, pero sin dudas el hospital de Pediatria Dr. Garrahan es un lugar mágico. A partir de una serie de cirugías luego de un complejo diagnóstico de paraplejia como consecuencia de un accidente una paciente volvió a caminar. Se trata de la historia que comienza el 28 de junio de 2017, exactamente a las 2:30 de la madrugada, Priscila ingresó al Hospital Garrahan su cuadro era gravísimo. Tenía 13 años y había sido rescatada de debajo de las ruedas traseras del micro en el que viajaba junto a su grupo de danza y que volcó en Mendoza. Su diagnóstico fue: politraumatismo con paraplejia por luxofractura de columna, es decir ninguna posibilidad de volver a caminar. Sin embargo, la institución pediátrica, junto a los cirujanos de mayor experiencia, la esperaba para hacer frente a una de las cirugías más difíciles y así torcer el destino de la historia. En un principio se pensó lo peor, lo más probable era que no volviera a caminar. Pero una cirugía mayor en el Hospital Garrahan permitió estabilizar su columna vertebral y 23 cirugías más reconstruyeron su pierna. Hoy, dos años después, su recuperación es tal que en poco tiempo podrá movilizarse sin punto de apoyo. Priscila hoy vive como la adolescente que es: va al colegio, se toma selfies, juega con su hermanito. A dos años de la intervención quirúrgica principal, tiene una columna totalmente estable y una recuperación neurológica no esperada que le permite controlar perfectamente sus esfínteres y caminar en forma independiente con muy poca asistencia “y probablemente en poco tiempo sin ella”, aclaró el cirujano Noel y destacó que “además pudo conservar su pierna”. “El Garrahan para nosotros fue una salvación. Todos los médicos que conocimos fueron muy especiales y nunca voy a dejar de agradecerles por todo”, finaliza emocionada la mamá de Priscila, la nena que volvió a caminar después de la tragedia.

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Comunicado de docentes de UTE del distrito 4 ante la situación que atraviesan distintas escuelas de la zona:

Comunicado de maestras y maestros del Distrito Escolar 4 (UTE) ante la situación que atraviesan distintas escuelas de la zona:

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña, destinan para educación el presupuesto más bajo de la historia de la Ciudad. Esto trae consecuencias concretas que ya estamos sufriendo estudiantes y docentes.
En nuestro Distrito:
– Escuela 8 DE 4 “Carlos Della Penna” tiene filtraciones en los techos, inundación en aulas y pasillos, caída de mampostería de techos y paredes, cortes de luz y suspensión de clases.
– Las Escuelas 11, de Brandsen y Hernandarias, y la 1, de Aristobulo del Valle 471, sufren invasión de ratas.
– El Centro Isauro Arancibia, de Paseo Colón y Cochabamba, a pesar de haber sido recientemente refaccionada, padece inundaciones de aulas y pasillos en cada vez que llueve.
– El Jardín de Infantes Integral Nº 13, de Calabria y Vera Peñaloza se encuentra sin gas y sin luz en pleno Puerto Madero.
– La Escuela Media de Comercio Nº4, de Perú y Cochabamba continúa sin Gas en medio de la ola polar y del clima invernal.
– El Jardín del Normal Nº3, también está sin gas.

En la Ciudad más rica del país, las escuelas están libradas al abandono de la gestión de Larreta que prefiere maquillar la Ciudad con obras de tránsito o veredas que se rompen y reparan hasta 3 o 4 veces en el mismo lugar. La Educación Pública está olvidada. Por eso, decimos ¡BASTA!

POR CONDICIONES DIGNAS DE ENSEÑAR Y APRENDER!!!

EN DEFENSA DE NUESTRXS PIBXS Y DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA!!!

MAESTRAS Y MAESTROS DEL DISTRITO ESCOLAR 4 – UTE

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Ciudad Futura 2019 en el Museo Benito Quinquela Martin

En homenaje a su fundador, desde hace cuatro años el Museo Benito Quinquela Martin (MBQM) celebra las acciones de quienes aportan su esfuerzo para el bien común. En la edición 2019 tendrá lugar mañana viernes 19 de julio a las 19 horas, donde se expresará el agradecimiento a los solidarios forjadores de la Ciudad Futura.“La Ciudad futura” es el título de una de las obras de Benito Quinquela Martín, y también es el sueño de progreso y bienestar que el gran artista y filántropo boquense ayudó a construir para su comunidad.
Honrando la historia de solidaridad, esfuerzo y “locura luminosa” sobre la cual fundó sus raíces la sociedad boquense, Quinquela transformó para siempre su aldea creando Instituciones educativas, culturales y sanitarias que aún hoy despliegan sus tareas en beneficio de la zona. La primera de sus grandes ofrendas al barrio, fue la Escuela-Museo “Don Pedro de Mendoza”, inaugurada el 19 de julio de 1936. Conmemorando aquella realización, es que desde 2016, cada 19 de julio el MBQM lleva adelante la entrega de este reconocimiento, destinado a quienes actualmente mantienen vivo el legado de Quinquela Martín, y su inclaudicable voluntad de modelar una sociedad basada en el Bien, la Verdad y la Belleza. En la edición 2019, el MBQM agradecerá a: ANDINO Y EL PAÍS – Ciclo televisivo Por su aporte a la construcción, afirmación y difusión de valores solidarios. BATOCO (Barriletes a Toda Costa) – Asociación sin fines de lucro. Por su noble tarea de promover significativos encuentros familiares y comunitarios intergeneracionales, construyendo y volando barriletes. MARINO SANTA MARÍA – Artista Visual. Por haber transformado su aldea a través del arte. MARÍA SCHWELM – Presidente de SOS Infantil Por su trabajo cotidiano a favor del mejor desarrollo de niños, niñas y adolescentes. SELECCIÓN ARGENTINA DE FUTSAL CON SÍNDROME DE DOWN. Por su ejemplo de inclusión social y nobleza deportiva. JUAN BAUTISTA STAGNARO – Cineasta Por su luminosa trayectoria en el cine nacional. MBQM, esta ubicado en la Avda. Pedro de Mendoza 1835/1843 del barrio de La Boca.

 

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Capturan a una banda de “robaautos” en La Boca

La policía porteña detuvo a una banda dedicada al delito de robar autos, el hecho se produjo en la calle Gualeguay al 300 del barrio de la Boca, en una zona de la Ciudad donde este tipo de delito lamentablemente cada vez es más frecuente. De acuerdo a la crónica policial los detenidos Intentaron robar un auto utilizando un arma de fuego para amenazar al conductor y efectuaron un disparo. Dos de los detenidos son menores de edad. Luego de un llamado al 911 por un intento de robo a mano armada. Rápidamente fueron desplazados los efectivos de la Comisaría Vecinal 4C de la Policía de la Ciudad a la esquina de las calles Caboto y 20 de septiembre, donde se entrevistaron con el damnificado, quien se encontraba a bordo de su vehículo estacionado. De allí comenzó la búsqueda, que horas más tarde tuvo sus resultados cuando fueron detenidos cuatro sujetos, dos menores de edad, quienes a mano armada intentaron robarle el rodado a un hombre en el barrio porteño de la Boca. La policía informó que luego de identificarlos, los efectivos de la Policía de la Ciudad descubrieron que dos de los delincuentes tenían 15 y 16 años. A su vez, al requisarlos ante la presencia de testigos se encontró en la mochila de uno de los menores, un revolver calibre 38, el cual tenía en el tambor una vaina servida y un proyectil intacto. En la causa intervino el Juzgado Nacional de Menores N° 1 a cargo del Dr. Cristian Von Leers, quien dispuso el traslado de los menores al Instituto Inchausti y la presencia de personal de Balística en el lugar para determinar el lugar del impacto de la bala. Los dos imputados de 22 años fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Vecinal 4C imputados por tentativa de robo y disparo de arma de fuego.

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Demolerán la Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad

En una noticia que generó indignación entre los defensores de patrimonio edilicio porteño, esta dada la orden para comenzar con los trabajos de demolición de la Escuela Taller del Casco Histórico, ubicada en la avenida Brasil 200, esquina Paseo Colón, frente al parque Lezama. La Escuela Taller del Casco Histórico está orientada a la conservación y restauración de bienes culturales de valor patrimonial y a la producción de objetos de elaboración artesanal, todos sus títulos y capacitaciones son oficiales ya que la escuela  depende del Ministerio de Cultura, ofrece talleres y cursos en cinco ramas de estudios: conservación edilicia (ornamentación de frentes, plazas y jardines; albañilería, yesería), producción de objetos musicales (luthería de cuerdas), producción de objetos ornamentales (ornamentación artística), restauración de mobiliario (ebanistería; decapado y lustre) y arte público (esgrafiado, dibujo, técnicas murales, fileteado). Todos son gratis y tienen una duración de dos años. El ejecutivo porteño decidió demoler e inmueble y lo comunicó a través de la publicación en el Boletín oficial donde dice: Demolición Total Edificio Av. Brasil 200 – Licitación Pública N° 425/SIGAF/19. El lugar nació en el año 2000 con el objetivo de brindar una capacitación a las personas en condiciones de precariedad laboral. La escuela tuvo un auge en 2001 cuando la crisis arrasaba al país, pero luego el perfil de los estudiantes fue cambiando. “Conviven alumnos universitarios, adultos mayores y personas de escasos recursos. Todos hacen una suerte de corporación. Para ellos la escuela es su casa”, explica el arquitecto Rubén Nuremberg uno de los responsables de la escuela

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La Justicia ordena al gobierno porteño a otorgar medicamentos gratuitos a paciente epiléptico

La Justicia porteña ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otorgar medicamentos gratuitos a paciente epiléptico que se atiende en el hospital Dr. Cosme Argerich del barrio de la Boca de la Comuna 4. En un fallo reciente la justicia hizo lugar al amparo de un ciudadano bonaerense que se atiende en un hospital porteño hace 20 años, y ordenó que se le entreguen los medicamentos recetados por los profesionales del Argerich. La justicia informó que magistrado Marcelo Segón, subrogante del juzgado n.º 19 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un ciudadano de 31 años con un cuadro de “Epilepsia encefalopatía no especificada”; y en consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo improrrogable de dos días, garanticde el derecho a la salud del amparista, debiendo entregar y cubrir en un ciento por ciento la medicación prescripta por los profesionales intervinientes: Levetiracetam 1000 mg., 90 comprimidos; Clonazepan 0.5 mg., 60 comprimidos; Topiramoto 50 mg., 30 comprimidos; y Lamotrigina 100 mg., 90 comprimidos; durante el tiempo que perdure su tratamiento. Todo ello se dio en el marco de la causa «A., H. M. contra GCBA sobre amparo – Salud – Medicamentos y Tratamientos», Exp. 5175/2019-0. Luego de una reseña normativa aplicable al caso, el magistrado acreditó que el amparista padece de discapacidad y que, según se desprende de las constancias, no se encuentra afiliado en el Programa Incluir Salud ni a ninguna obra social vigente. Además, precisó que «debe seguir un tratamiento medicamentoso prescripto por profesionales del Hospital General de Agudos ‘Dr. Cosme Argerich’ que -cuadra enfatizar- es dependiente del demandado y que ni aquél, ni la Nación ni la Provincia de Buenos Aires le han provisto esos medicamentos necesarios para su patología». Por otra parte, remarcó que el demandante reside en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual el GCBA lo remitió a las jurisdicciones nacionales (DADSE – Direccion De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales) y de su distrito. «Resulta relevante señalar que el demandante vendría realizando su tratamiento (…) conforme surge de su historia clínica, por lo que -a esta altura del desarrollo y sin perjuicio de lo que corresponda analizar al resolver el fondo de la cuestión-, no podría luego denegar su pedido de medicamentos alegando que residiría en la Provincia de Buenos Aires, particularmente cuando la Constitución local (…) y la ley n.º 153 (…) disponen como principio la gratuidad de las acciones de salud y la correspondiente compensación económica de los servicios prestados a cargo de las entidades o jurisdicciones correspondientes», sostuvo el juez. Señaló además que «de no hacerse lugar a este reclamo, la actora podría verse afectada considerablemente en su salud, dado que no podría recibir la atención adecuada ni el especial tratamiento que requiere debido al cuadro agudo por el que está atravesando». «La ausencia de otros ofrecimientos de la demandada demuestra una situación de urgencia que permite tener por acreditado el peligro en la demora», concluyó Segón

 

 

 

 

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El Ministerio de Salud firmó un acuerdo con profesionales médicos por neuropsiquiatricos

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con la Asociación de Médicos Municipales, con el objetivo es refuncionalizar los hospitales neuropsiquiátricos y evitar el cierre propuesto por la Ley de Salud Mental en el 2020, que traería consecuencias para la salud pública y los pacientes, que no tendrían adónde ir. Los hospitales en cuestión son los ubicados en el barrio de Barracas Moyano, Borda, Tobar Garcia y Talleres Protegidos y el hospital Alvear. Se rubricó un Acta Acuerdo sobre el Plan de Refuncionalización de la Salud Mental en la Ciudad que expone que la atención en esta materia durante los próximos 50 años recaerá sobre “las influencias ambientales y hormonales en el ser humano”, “vejez y enfermedades neurodegenerativas”, “bases moleculares de la conducta y de las enfermedades mentales” y “terapia génica del sistema nervioso”. El acuerdo alcanzado y firmado por el presidente de la AMM, Jorge Gilardi, y la ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, describe las áreas de la salud mental y las neurociencias que se van a ocupar de la atención durante los siguientes 50 años. Según consta, se procederá a refuncionalizar el sistema de atención de la salud mental a través de cuatro etapas. En primer lugar, a partir de la provisión de dispositivos intermedios necesarios en calidad y cantidad (viviendas asistidas, hogares geronto-psiquiátricos, talleres de rehabilitación, hospitales de día y noche, dispositivos de tratamiento para adicción, etcétera).

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La Justicia ordena a los servicios de mensajería y al GCBA organizar el servicio

La Justicia ordena a los servicios de mensajería y al GCBA organizar el servicio, la Cámara de apelaciones los insta a adoptar medidas para la normalización de la actividad, de las empresas de entrega de pedidos, la más conocidas son Glovo, Rappi y Pedidos Ya, los trabajadores de estas empresas deberán tener su situación laboral que regularizada la actividad. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, conformada por su presidente Carlos Balbín, y las camaristas Fabiana Schafrik y Mariana Díaz, ordenó al GCBA que dentro de 60 días corridos se pronuncie respecto de la pretensión de otorgamiento de habilitaciones e inscripción en el Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados formalizada por Envíos Ya S.A., Arribo Postal S.R.L., Curier Express S.R.L., Inmediato S.A., Logística al Instante S.A., Star Cadetes S.A., The Saint S.R.L. y Trámites Urbanos S.R.L.; y también, que efectivice la implementación de los cursos de capacitación para conductores de motovehículos y ciclorodados destinados al servicio de mensajería urbana y entrega de sustancias alimenticias a domicilio. Además que vencido el plazo de 60 días corridos previstos, deberá clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa que no se hallare debidamente registrada y cumpliendo todos y cada uno de los términos de la ley 5526; y por último, que el Ejecutivo local dentro del plazo de cinco días de notificada la presente adopte las medidas necesarias para prohibir que los conductores de motovehículos y ciclorodados afectados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias circulen sin dar cumplimiento a la obligación de utilizar el casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas y apropiada para días de lluvia y época invernal; mientras que, en caso de transporte de alimentos, poseer libreta sanitaria. A su vez, hizo saber a Rappi S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo), y a todas las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales, que dentro del plazo de 10 días de notificada la presente, deberán solicitar la inscripción en el RUTRAMyC y la habilitación para operar. Todo ello en el marco de los autos caratulados “Envíos Ya SA y otros contra GCBA y otros sobre incidente de apelación – Amparo – Otros”. El presidente de la Sala I, Carlos Balbín relató que «surge de la información oficial aportada por el Ministerio de Salud, que en el lapso de un mes y sólo en relación a la intervención de los hospitales públicos de la Ciudad, se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y reparto a domicilio» Y añadió que “la Asociación de Personal de Plataformas (APP) relató un hecho que habría ocurrido el 12 de abril pasado vinculado a la muerte de un conductor que desarrollaba su trabajo en el marco de una plataforma digital”. Destacó además que “si la norma tuviera el alcance propuesto por la accionada resultaría más conveniente para las prestatarias no tramitar la habilitación, toda vez que -en tal caso- el que preste el servicio sin registración ni habilitación no puede ser sancionado; mientras que, por el contrario, el que se hubiese inscripto y estuviese habilitado sí es pasible de sanciones y, eventualmente, de expulsión del registro”. Recordó que transcurrieron tres años desde la sanción de la ley 5526, de modo que el GCBA contó con tiempo más que suficiente para arbitrar las medidas necesarias para su implementación. En consecuencia, indicó que «es una norma vigente y operativa que debe ser cumplida. Las obligaciones allí previstas se encuentran inequívocamente ligadas a cuestiones de interés general, como la seguridad vial y el transporte adecuado de sustancias alimenticias. Estas obligaciones rigen para todas las personas que desarrollan las actividades reguladas en la Ciudad, cuenten o no con habilitación». Y enfatizó que «la habilitación y registración de una determinada actividad implica la consecuente implementación de un sistema de control que incluye la realización de las constataciones necesarias tendientes a verificar la ejecución regular del servicio desarrollado a fin de evitar que los actores del modelo actúen al margen del ordenamiento jurídico». Respecto a los fundamentos, el camarista especificó que “uno de los objetivos del mismo era establecer el régimen laboral de los conductores: se pretende brindar protección y seguridad a los trabajadores, luchando por evitar situaciones de empleo no registrado”. “Sin embargo, expuso que «tal mandato legal impone necesariamente que, al menos hasta que se adopte la decisión de fondo (momento en el cual resultará oportuno el análisis planteado por la empresa no actora respecto de la inconstitucionalidad de la norma), las prestadoras deberán dar cumplimiento a todas las normas vigentes». Y citó el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo (Organización Internacional del Trabajo), donde destacaron «una serie de inquietudes relacionadas con la poca claridad de la situación en el empleo, el trato injusto, los bajos ingresos, los impagos, la falta de protección social y la falta de voz de los trabajadores»; y que «la mayoría de las plataformas no aplican al trabajo realizado las normas de protección de los empleados que establece la legislación laboral, puesto que los trabajadores suelen ser contratados como contratistas independientes, siendo clasificados incorrectamente en esta categoría para evitar las obligaciones de la legislación laboral”. Es más, indica que “los trabajadores tienen que aceptar los términos y condiciones establecidos por la plataforma, sin margen alguno de negociación, para acceder al trabajo que ofrecen las plataformas”. Para la camarista Fabiana Schafrik, la falta de un desarrollo preciso y adecuado de los motivos que justificarían la supuesta invasión de la zona de reserva de la administración invocada por la recurrente, conllevan a su rechazo. Y señaló que “no surge puntualmente de los argumentos expuestos por el demandado por qué considera que la resolución en crisis importó una vulneración de la división de poderes”. Recordó el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno previsto en el art. 1° de la Constitución porteña y ley 104, que dispone que los sujetos obligados, entre ellos, los órganos de la administración pública deben publicar en sus respectivas páginas web, de manera completa y actualizada: «i) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención, datos de contacto, consultas y vías de reclamo; j) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones y datos de contacto para reclamos y consultas vinculadas a dichos trámites y servicios». “En efecto, todas las medidas dispuestas provisionalmente propenden a la puesta en funcionamiento del RUTRAMyC y la registración de las empresas que se dedican al servicio de mensajería urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias en motovehículos y ciclorodados. También, persiguen el efectivo cumplimiento del poder de policía respecto de la aludida actividad, lo que abarca el control de las habilitaciones y las registraciones en aras de garantizar la seguridad vial, la prestación regular del servicio y las condiciones de trabajo”, concluyó Schafrik en su voto. En su disidencia parcial señala el fallo la camarista Mariana Díaz subrayó que las medidas dictadas en primera instancia, si bien otorgaron visibilidad a la causa, resultaron de escasa claridad en cuanto al alcance, las partes que deberían integrarlo y el carácter bajo el que su inclusión procedería, a la vez que algunas excedieron el ámbito de lo que podía resolverse en función del pedido cautelar formulado. Con relación al planteo orientado a revertir la inactividad del GCBA que les impedía prestar servicio, resolvió confirmar parcialmente la resolución en cuanto ordenó al Ejecutivo la puesta en funcionamiento del registro, así como la instrumentación de los cursos de capacitación para conductores. En lo referido al incumplimiento de la obligación de control de todas las personas y/o empresas que desarrollan esa actividad, resaltó que los argumentos ensayados por el GCBA desconocían que los deberes de vigilancia a su cargo están destinados tanto a constatar que quienes se encuentran habilitados e inscriptos en el registro correspondiente presten de modo legítimo el servicio, como también controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y sanidad laboral, y el deber de impedir el ejercicio de la actividad al margen de la ley. Por eso dispuso la modificación de la sentencia de grado, ordenando que informe todas las medidas instrumentadas en cumplimiento de las leyes 265, 2624 y 5526, y las que adopte durante la vigencia de la cautelar, respecto de quienes desarrollan el servicio. Por otra parte, Díaz explicó que los operativos de tránsito dispuestos por la sentencia de grado carecían de eficacia dado que, por estar en juego el cumplimiento de medidas relativas a la seguridad y sanidad laboral, el control debía ser ejercido por la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control. En consecuencia, propició revocar el resto de los mandatos cautelares apelados pues, en coincidencia con el dictamen fiscal, no resultaban idóneos para proteger y resguardar el derecho que los accionantes invocaron en su demanda. Recordamos que Envíos Ya SA, Arribo Postal SRL, Curier Express SRL, E-Logística SA, Inmediato SA, Logística al Instante SA, Star Cadetes SA, The Saint SRL y Trámites Urbanos SRL iniciaron una acción de amparo contra el GCBA, con el objeto de obtener el reconocimiento de su derecho a ofertar y prestar los servicios de mensajería urbana y reparto domiciliario de sustancias alimenticias en la Ciudad, de acuerdo con el régimen previsto en la ley nº 5526. Quien entendió en primera instancia fue el titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo. La información fue suministrada por Ijudicial.

 

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Cayó motochorro que había asaltado a anciano en Parque Patricios

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que detuvo a un motochorro en el barrio de Parque Patricios de la Comuna 4, quien le había arrebatado el celular a un hombre de 75 años de edad. De acuerdo al relato policial en horas de la noche, la Policía de la Ciudad detuvo a un motochorro que atacó a un hombre para robarle el teléfono en la intersección de las calles Cátulo Castillo y Alberti del mencionado barrio del sur porteño.  Los hechos habrían ocurrido de la siguiente forma: Un oficial de la Comisaría Vecinal 4A que se encontraba realizando tareas de despliegue territorial observó cómo un sujeto arriba de una moto forcejeaba con un transeúnte para sustraerle su equipo móvil; el policía impartió la voz de alto y se abalanzó sobre el motociclista antes de que pudiese escapar, logrando detener a su conductor, quién fue requisado e identificado frente a testigos. Por orden de la fiscalía interviniente se trasladó al delincuente, de 21 años de edad, a la alcaidía de la Comisaría Vecinal 4A de la Policía de la Ciudad.

 

 

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