Jornada sobre los derechos de los migrantes
La Defensoría del Pueblo porteña y el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús organizaron la jornada “Migraciones y Derechos: El trabajo desde las Defensorías del Pueblo. Perspectivas comparadas Argentina y España” el lunes 28 de agosto en el auditorio de la sede central del organismo, ubicada en Avenida Belgrano 673.
El evento contó con la participación de diferentes especialistas en materia de inmigrantes, quienes realizaron sus exposiciones en dos mesas de trabajo o paneles que se llevaron a cabo durante la jornada.
En la apertura se pautó un panel sobre “El rol de las Defensorías del Pueblo en la protección de las personas migrantes”, conformado por Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Honores, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires; Elena Arce Jiménez, responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensoría del Pueblo de España; Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar y Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas y director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús.
En la apertura del evento, Amor señaló que además de tomar la definición de la migración como un derecho humano, “creemos que desde México hasta Tierra del Fuego no hay migración, somos todos compatriotas, porque tenemos historias, orígenes y luchas comunes”. Amor comentó que a partir del nuevo decreto presidencial de necesidad y urgencia sobre las políticas migratorias se efectuó una presentación ante el Congreso donde se fijó la posición como Defensoría del Pueblo “con la idea de que nos retrotraía a la denominada Ley Videla”. Por último, aseveró que “yo no creo en la sociedad de la tolerancia, creo en la sociedad de la convivencia, que al que tengo al lado lo tomo con sus valores, con sus costumbres, con su historia, con su identidad, con su pensamiento y lo acepto como tal. Rechazo la sociedad de la tolerancia y creo en la construcción de la sociedad de la convivencia”.
Por su parte, Honores opinó que la migración es un derecho humano esencial e inalienable. “Los procesos migratorios no pueden analizarse desde una postura utilitarista, la persona migrante no puede ser valorada de ningún otro modo que no sea como sujeto de derecho”, expresó. Asimismo, dijo que actualmente hay catorce elementos internacionales -entre los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos- que tienen jerarquía constitucional en la Argentina y que por esa razón se obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con su disposición. Honores concluyó que “el problema es que se toma al colectivo migrante como fondo del conflicto en el marco de la política criminal, generando un profundo impacto sobre las libertades humanas y afectando a las poblaciones de países limítrofes. En ese sentido, lo que más nos preocupa del mencionado decreto es que se incorporan nuevas causales de restricciones para el ingreso, permanencia y expulsión de los inmigrantes”.
