La Audiencia Pública del Riachuelo contó con la presencia de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires participó de la audiencia pública “tres líneas de acción para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo”, la audiencia fue convoca por ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño del barrio de Barracas y la Defensoría porteña estuvo representada por Fernando Fimognare, coordinador operativo de Planeamiento, Obras y Espacio Público. En la Audiencia la defensoría tuvo una activa participación a través de su representante que realizó la siguiente intervención “Venimos otra vez a esta Audiencia Pública a hablar de uno de los fenómenos más tremendos y evitables del dolor humano, fenómeno que además ha quedado demostrado por innumerables experiencias a nivel mundial que si no fue evitado en su momento puede ser remediado. La contaminación ambiental, de suelos, aguas y aire nos enferma y a mediano plazo mata. La Cuenca Matanza Riachuelo vive aún a más de 10 años del fallo de la Corte Suprema en una situación de catástrofe ambiental. Es la región ambiental y socialmente más degradada de nuestro País y una de las 10 más contaminadas del Planeta junto, por ejemplo, a Chernobyl. y sus principales características son; Posee una superficie aproximada de 233.800 manzanas urbanas (hectáreas o ha); Habitan en ella unos 5 millones de personas, el 95% de las cuales vive en ambiente insalubre y un alto porcentaje es pobre o indigente; Es asiento del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los mayores del país; Alberga más de 10000 establecimientos industriales de los cuales alrededor de 1400 han sido declarados agentes contaminantes. Depende de 17 jurisdicciones diferentes; es escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales del país. Podemos decir entonces que el cauce de agua que hace de límite a de la Ciudad de Buenos Aires y atraviesa además los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente, hace de columna vertebral de una unidad territorial de 2240 Km2 que debe ser imperiosamente saneado a los efectos de terminar con las agresiones a este planeta llamado por el papa Francisco “la casa de todos” en su encíclica “Laudato Si”. ¿Es necesario preguntarse el porqué de la urgencia que planteamos? NO queremos aburrir con cifras y datos que a esta altura todos conocemos, pero tampoco nos podemos hacer los distraídos y dejar de decir que al volcado de efluentes químicos hay que sumarle 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Que además se han detectado en algunas muestras rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT; que a febrero de este año hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo. En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre como ya lo alertáramos en su momento desde esta Defensoría del Pueblo Por todo esto es que decimos que es imperioso el saneamiento, por todo esto es que creemos que de una vez por todas hay que dar cumplimiento al fallo dictado en la llamada Causa Mendoza sin más dilaciones y con la mayor decisión política posible. Que quede claro cuando decimos decisión política decimos que no puede ser el presupuesto de ACUMAR variable o susceptible de ajuste alguno mientras la contaminación ponga en riesgo la vida de nuestros hermanos. ¿Ahora bien, quien tiene la misión de llevar adelante esta tarea? ¿Y cuáles han sido los resultados hasta la fecha? Venir a esta Audiencia nos obliga a observar con mirada crítica lo hecho hasta ahora y lo que se propone en el documento de trabajo. Ya en noviembre del año pasado decíamos, en la anterior Audiencia Pública, que llegábamos en estado de alerta dado los cambios en las estructuras del Poder Ejecutivo y de las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2019. Hoy ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que resultará difícil, sino imposible alcanzar cualquier meta de las que forman parte de las mandas judiciales efectuadas por la Suprema Corte de Justicia mientras la responsabilidad de las mismas recaiga sobre un organismo que ha sido a todas luces desfinanciado al punto tal que su presupuesto apenas si logra satisfacer los gastos corrientes. Esto no lo afirmamos desde a mera declamación, haciendo un análisis del presupuesto para el ejercicio 2019 se observa un desfinanciamiento muy fuerte, pero, y como si fuera poco esta información es aceptada desde el propio organismo ya que según se ha publicado en diferentes medios periodísticos a fines del año pasado ya existía preocupación en el organismo, en su personal acerca de la magnitud del recorte y lo que esto significaba en términos operativos. Hoy solo se encuentra asegurada la contraparte del Estado Nacional la financiación de aportada por Agencias Internacionales, Según los datos del presupuesto 2019, el único monto que se incrementa para Riachuelo serán los gastos vinculados a las obras en la cuenca comprometidas con el BIRF, que respecto a este año se incrementarían en un 44%, si tomamos en cuenta la perspectiva inflacionaria habrá que hacer grandes esfuerzos al final del ejercicio para encontrar dicho incremento. En general el presupuesto de ACUMAR se compone de varios aportes, los del gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad, de Aportes extraordinarios y de sobrantes de ejercicios anteriores y recaudaciones propias. ¿Cabe destacar que resulta muy difícil de entender, sino imposible, como es que hay sobrantes de presupuestos, estamos hablando entonces de subejecuciones? Más allá de esto y de acuerdo a la información que es de público conocimiento en el “barrido” total de rubros la diferencia entre el ejercicio 2018 y 2019 es más de 400 millones de pesos sin contar la depreciación por inflación
