Organizaciones de DD.HH. pidieron a Legislatura que intervenga en la vigilancia biométrica

Organizaciones de DD.HH. pidieron a Legislatura que intervenga en la vigilancia biométrica

Luego del escándalo y la polémica que aun continua por el uso de datos biométricos por parte de organismos del Gobierno porteño, en los que eran identificados políticos jueves, periodistas, personalidades reconocidas, etc, en un periodo de tiempo que se extendió por más de tres años y que incluyo la identificación biométrica de más de 7,5 millones de personas que se realizaban en el sede Barracas.

En el día de ayer Organizaciones de Derechos Humanos pidieron a la Legislatura porteña que cree una comisión especial de seguimiento de los sistemas de vigilancia biométrica de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de irregularidades denunciadas sobre el uso del Gobierno porteño del mecanismo de reconocimiento facial.

Este lunes fue presentado en la legislatura de la ciudad un documento firmado por el Cels, Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA., estas organizaciones expresaron que es “necesario el desarrollo de instancias de control sobre el modo en el que se utilizan y las finalidades del uso de los Sistemas de Video Vigilancia y en particular del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Además de intervención judicial por parte del Juez Roberto Gallardo, en el hecho ya había intervenido la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya había informado que “el Gobierno de la Ciudad no había remitido la información para poder realizar las tareas de auditoría y control que la Legislatura le encomendó”.

El documento firmado por los organismos de Derechos Humanos se avala en lo establecido por la Ley 6.339, sancionada en el 2020, que modificó la norma de creación del Sistema Integral de seguridad pública de CABA.

Recordemos que el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Roberto Gallardo, ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en la avenida Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

Después  de  suspender el SRFP del Gobierno local tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no eran buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.