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Notícias

Inscripción en Centro de Primera Infancia (CPI) nocturno

Está abierta la inscripción para el Centro de Primera Infancia (CPI) nocturno Main San Juan evangelista ubicado en el barrio de La Boca, el mismo funciona en el horario de 18 a 22 horas y esta destinado a niños y niñas de 45 días a tres años de edad.

Para recibir información sobre inscripción o realizar el tramite se deber concurrir los días lunes, miércoles o viernes de 18:30 a 20:30 horas a Olavarria 486, en el colegio san Juan Evangelista también se puede enviar mensajes de consultas a CPI@sanjuanevangelista.edu.ar

Los Centros de Primera Infancia (CPI) son espacios creados para garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de las niñas y niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social.

Estos espacios tienen como objetivos:

Garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Brindar los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de los niños, niñas y su entorno.

Crear un espacio propicio para la estimulación temprana con niñas y niños de 45 días a 2 años inclusive, y la formación y adquisición de hábitos con niñas y niños de 3 años.

Contener y asistir a las familias para que puedan asumir sus responsabilidades durante la crianza y el desarrollo de sus hijas e hijos, creando condiciones de participación afectiva que fortalezcan los vínculos intrafamiliares

Brindar información y contención a embarazadas en situación de vulnerabilidad social, sobre cuidados del embarazo, el parto y los primeros meses de vida.

 

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Choque en el barrio porteño de Nueva Pompeya

El siniestro se produjo en la esquina de las avenidas Sáenz y Perito Moreno, donde chocaron un auto y una camioneta, que consecuencia del fuerte impacto quedó volcada.

La policía de la ciudad y el SAME informaron que en la mañana de ayer casi en forma simultánea con el terrible accidente de Flores se produjo un choque en el barrio de Nueva Pompeya de la comuna 4 porteña

Como consecuencia de incidente de tránsito tres personas resultaron heridas al chocar una camioneta y un automóvil en el barrio porteño de Nueva Pompeya, informaron fuentes policiales.

Las personas atendidas por el SAME fueron trasladadas por politraumatismos, a los Hospitales Penna y Churruca del barrio de Parque Patricios.

La policía de la ciudad informó que el choque se produjo aproximadamente a las 6.30 horas en el cruce de las avenidas Sáenz y Perito Moreno, donde chocaron un automóvil Toyota y una camioneta Dodge, que tras el impacto quedó volcada.

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Medallas de oro en los Juegos Mundiales de Australia para adolescentes trasplantado en el Garrahan

Se trata de Mateo Cócaro de 17 años quien recibió un trasplante de médula ósea en el Garrahan de barrio porteño de Parque patricios cuando tenía nueve años, y ocho años después pudo ganar su tercera medalla dorada en natación en el evento internacional más importante para deportistas trasplantados que tiene lugar en Australia.

El joven deportista ganó hoy su tercera presea de oro en los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados en Perth, Australia, tras competir en 50, 100 y 200 metros libres de natación. Tiene 17 años y, a los nueve, recibió un trasplante de médula en el Garrahan.

“Siempre supe que iba a volver a hacer deporte. Y hay que animarse, porque después del trasplante se puede”, dijo Mateo, que ya había ganado la misma cantidad de medallas en la edición anterior, disputada en Inglaterra en el 2019. La competencia en Australia comenzó el sábado y terminará el viernes y reúne a 3.500 competidores de más de 50 países en 14 disciplinas deportivas.

Cuando tenía siete años fue diagnosticado con aplasia medular severa en el Garrahan. Dos años después se realizó el trasplante. La persona que resultó compatible para donar fue su hermano Juan David. El trasplante de médula ósea fue la mejor opción terapéutica para su tratamiento: marcaría el inicio de una nueva oportunidad de vida y sería el comienzo de su trayectoria como deportista.

“El trasplante de médula ósea es, en muchos casos, el único tratamiento para pacientes con enfermedades hematológicas, errores metabólicos o déficits inmunológicos, entre otras”, explicó Raquel Staciuk, jefa del servicio de Trasplante de Médula Ósea del Garrahan. En el procedimiento se infunden células madre sanas para que la o el paciente vuelva a producir células sanguíneas propias, proceso que tarda dos o tres meses. “El trasplante le salvó la vida a Mateo”, aseguró la profesional.

Tal como lo esperaba, luego del trasplante y la recuperación, empezó a hacer ejercicios físicos. Como es habitual en estos casos, recibió la ayuda de Ezequiel Correas Espeche —quien se encuentra en Australia acompañando a la delegación argentina— y Carlos Lirio, creadores del Programa de Actividad Física para Niñxs y Adolescentes con Garra (PAFINAGA) que acompaña desde el Garrahan a pacientes trasplantados en la práctica deportiva.

Como ocurre con otros chicxs trasplantadxs, la actividad física fue una parte importante en el tratamiento de Cócaro. Es una herramienta que ayuda a mantener la constancia en los cuidados y a revincularse socialmente, en este caso con pares que pasaron por situaciones similares.

En el caso de Mateo, que hacía deporte desde su niñez —además de natación y atletismo juega al fútbol y al rugby—, fue determinante: “Tuve la suerte de que en el Garrahan me brindaron todo para salir adelante y el equipo de salud hizo todo lo que tenía a su alcance para ayudarme”, expresó.

 

 

 

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Condenan a hombre por violencia de género

El Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF) informó sobre el hecho ocurrido en el barrio porteño de Parque Patricios de la comuna 4 de la ciudad Capital.

El hombre ya estaba detenido con prisión preventiva a pedido de la fiscalía desde el momento del hecho.

La Unidad de Flagrancia Sur de la Ciudad logró la sentencia de 6 meses y 15 días de prisión de efectivo cumplimiento para un hombre imputado por amenazas simples y lesiones leves, agravadas por haber sido producidas en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género.

El hecho ocurrió por la tarde del 30 de marzo en una parada de colectivo, sobre la Av. Amancio Alcorta, en el barrio de Barracas, cuando el hombre agredió verbalmente a una mujer, quien le pidió que se aleje y se calle. Pero el hombre se le acercó aún más, por lo que la mujer lo alejó de un empujón y luego el hombre la golpeó en la pierna y en el rostro.

El hombre fue detenido en el momento y la mujer debió ser atendida por personal del SAME.

En la audiencia de intimación, el hombre reconoció los hechos y se llegó a un acuerdo de avenimiento en el que se convino la pena de 6 meses y 15 días de prisión para el hombre. El acuerdo ya fue homologado por el Juzgado PCyF 16.

 

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ACUMAR participa y financia la relocalización del hogar Virgen de Itatí

El Consejo Directivo de ACUMAR, Presidido por Martín Sabbatella, junto a representantes distritales, aprobó la firma de un convenio con la parroquia Nuestra Señora de Caacupé, a través del cual el organismo se compromete a financiar la ejecución del proyecto de relocalización del hogar de la tercera edad “Virgen de Itatí”, ubicado en el Barrio 21-24 de Barracas, en el Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La institución para la tercera edad, que será relocalizada se encuentra ubicado sobre la traza del Camino de Sirga, debe mudarse y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, financiará las obras de construcción de las nuevas instalaciones en el barrio porteño de Barracas.

En la reunión Sabbatella, el referente social padre Lorenzo “Toto” de Vedia y el director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, Antolín Magallanes, suscribieron el acuerdo, poner en común las acciones a realizar y analizar la situación socioambiental en el barrio.

El Presidente ACUMAR expresó “La intervención del Estado en la definición y ordenamiento del suelo urbano en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo es indispensable para la búsqueda de sustentabilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de la población. Los trabajos realizados en esta línea de acción del PISA tienden a generar las condiciones que permitan poner fin al histórico proceso de deterioro de la región. Con esta meta, ACUMAR articula con los organismos correspondientes, implicados en el territorio, favoreciendo en estos procesos la participación ciudadana”.

El hogar -un espacio de contención, recreación y alojamiento de personas adultas mayores del barrio que administra la parroquia Nuestra Señora de Caacupé-, se encuentra hoy sobre la traza del Camino de Sirga, nombre por el que se conoce el espacio ribereño junto al Matanza Riachuelo. Dado lo establecido por la Justicia, allí debe continuar la vía vehicular y peatonal de los bordes costeros para garantizar el acceso público al río Matanza Riachuelo.

Es así como, con esta decisión, la Autoridad de Cuenca financiará la obra, que será ejecutada por la parroquia, que asumirá las relaciones con los contratistas y terceros afectados en estas tareas y deberá informar al organismo los avances y la rendición de cuentas correspondiente.

“Hoy fue un día muy importante, porque firmamos el convenio con ACUMAR para la construcción del hogar Itatí, que tiene más de 20 años y fue construido por la parroquia a pulmón y los vecinos. Aquí van a tener un hogar nuevo bien ubicado y con lo que se necesita para que pueda funcionar. Vamos a poder atenderlos y acompañarlos mejor”, sostuvo el padre Toto.

El proyecto contempla el desarrollo de un edificio en dos plantas que contenga una capacidad inicial de 10 habitaciones, más sanitarios, enfermería, cocina, comedor, galería y patio. La obra, cuyo tiempo de ejecución se calcula entre ocho y doce meses, se llevará a cabo con personas del barrio que, como parte de las tareas de acompañamiento comunitario que se hacen desde la parroquia, vienen formándose como pequeños contratistas autónomos.

El hogar de ancianos Virgen de Itatí se ocupa del cuidado de adultos mayores, 15 personas en la actualidad, con complicaciones severas en sus historias de vida como alcoholismo, extrema pobreza, carencia de vivienda, en muchos casos con un envejecimiento prematuro debido a las circunstancias ya citadas. La parroquia les acompaña en temas referentes a salud, trámites, acompañamiento psicológico, entre otros temas, además de asegurar las cuatro comidas diarias. En este sentido es que ACUMAR reconoce a la parroquia como un actor social fundamental que acompaña con compromiso comunitario a la población del Barrio 21-24, desarrollando una sustantiva misión social a través de actividades educativas, culturales y de formación.

En el barrio 21-24, ACUMAR acompañó durante 2021 el proceso de mudanza de 185 familias que también vivían sobre el Camino de Sirga en condiciones de riesgo social y ambiental para ingresar al Complejo Habitacional Orma I. Asimismo, en 2020, se entregaron soluciones habitacionales a otros 357 grupos familiares del barrio.

 

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Habitantes de la villa 21 -24 recuperan espacio verde

Se trata de lo que era la principal plaza de la villa 21 -24 del barrio de Barracas en el sur porteño y que estaba prácticamente abandonada y sin atención ni mantenimiento por parte de las autoridades.

Una iniciativa de vecinos, vecinas, junto a organizaciones sociales y políticas y barriales realizaron tareas para poner en condiciones la plaza del barrio de Barracas ante la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solucionar problemas de infraestructura.

En diálogo con FM Riachuelo María Belén Machado, del Movimiento Evita, expresó “Nos comprometimos nosotros y los vecinos a poder refaccionar para que los chicos puedan tener un espacio libre y cómodo y puedan disfrutar de la plaza”, agregó la integrante de la organización, que además es promotora de salud en el barrio, haciendo acompañamiento a adultos mayores, entrega de métodos anticonceptivos, test de embarazos y preservativos, entre otras tareas.

Los participantes de la actividad solidaria señalaron que la plaza principal de la villa 21-24 “que está muy abandonada y dejada por el gobierno de la Ciudad”, y había que recuperarla.

Por su parte Carolina Duarte, referente de la villa 21-24 y de la Confluencia Popular, aseguró que “las organizaciones que militamos, luchamos y militamos en el barrio nos juntamos para hacer el trabajo que el Estado no quiere hacer o cuando le pedís el presupuesto no te lo dan”.

“Nosotros no estamos esperando que ellos nos den, nosotros nos ponemos manos a la obra con los vecinos del barrio para hacer”, le manifestó a los periodistas de la emisora del barrio de La Boca.

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Huracán recupera los “Terrenos del Gas”

En las últimas horas llegó una excelente noticia para el club del barrio de Parque Patricios. la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó el uso precario y gratuito de un inmueble a la entidad deportiva para la construcción de obras que beneficiarán a la comunidad. El predio esta ubicado frente al estadio Tomas Ducó. Se trata de un espacio que ya había sido cedido a la entidad y producto de la impericia de la gestión anterior se perdió la cesión.

El inmueble, conocido por los “Quemeros” como los terrenos del gas” está ubicado en la calle Luna s/n, Comuna 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con una superficie de 12.471 m². El predio se destinará a la construcción de cuatro playones polideportivos medianos, un playón polideportivo grande y un centro de capacitación de cuatro aulas, con sus correspondientes vestuarios, baños, y un sector de juegos para niños y niñas. Las instalaciones cubrirán las necesidades diarias de esa entidad deportiva, en beneficio de la comunidad.

Del acto de firma participó el presidente de la AABE, Eduardo Albanese, junto al presidente del Club Atlético Huracán, David Garzón; su vicepresidente primero, Gustavo Mendelovich; su vicepresidente segundo, Abel Poza; la responsable de la Subcomisión de Asuntos Legales, Maia Daer, y su par de la Subcomisión de Cultura, Historia y Derechos Humanos, Néstor Vicente.

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La Justicia resolvió en favor de los vecinos y vecinas de La Boca

La justicia ordenó al Gobierno porteño a crear un registro de desalojos del Barrio de La Boca y establecer una línea de comunicación directa para brindar asistencia, a fin de activar protocolos de atención para la población afectada.

La medida cautelar fue dictada en una causa iniciada en 2019 por un grupo de vecinos, patrocinados por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), quienes denunciaban el incumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de La Boca. En el fallo, se señaló la necesidad de que exista un mecanismo de comunicación exclusivo y directo para que el GCBA se anoticie de las emergencias y desalojos y brinde la asistencia correspondiente.

El MPD informó  que en el marco de un amparo colectivo en el que intervino el Defensor Oficial Ramiro Dos Santos Freire, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC Nº 1 resolvió, como medida cautelar, ordenar al GCBA que, en el plazo de 10 días, establezca una línea de comunicación directa (telefónica y digital) para que la población en general pueda denunciar la existencia de desalojos inmediatos y programados en el Barrio de La Boca, específicamente en el polígono delimitado en las leyes 2240 y 4353, que declararon la Emergencia Urbanística y Ambiental en la zona.

Asimismo, la jueza resolvió que el Gobierno deberá llevar a cabo un registro de los desalojos que se denuncien y de su derivación y atención posterior. Específicamente, en el caso de los desalojos que se conocieran con fecha cierta, la administración deberá estipular los plazos previstos a fin de efectuar los relevamientos, informes, asistencia y demás acciones establecidas en el “Mecanismo de Comunicación para la Asistencia ante la Emergencia y Desalojo”.

Por último, la magistrada dispuso que el GCBA deberá “dar a conocer las líneas de atención previstas y protocolos de actuación a través de los canales oficiales de comunicación del GCBA y de las Comunas”. Sobre todo, deberá informarlas a los centros de asistencia social y comunitaria para que éstos difundan su existencia.

El amparo había sido iniciado en 2019 por un grupo de vecinos del barrio, agrupados en el colectivo La Boca Resiste y Propone (LBRyP) a quienes luego se les habían unido como actores el Presidente de la Comuna 4 en representación de la Junta Comunal, el CELS, ACIJ y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. También interviene mediante un amicus curiae  el Programa DESC de la Defensoría General de la Nación. Solicitaban que se ordenara al GCBA que proceda a la efectiva ejecución e implementación de la ley 2240. Entre otras medidas, requerían que el Gobierno presente un plan de contingencia con respecto a los incendios y derrumbes en el barrio y que inicie un registro de los desalojos, previendo un plan para prevenirlos y acciones concretas de intervención para resguardar a las familias afectadas.

La acción de amparo, entre otras cuestiones, señala la necesidad de establecer medidas para revertir la situación de emergencia ambiental y urbanística del Barrio, en particular para prevenir los desalojos sistemáticos, que a su vez se vinculan con procesos de especulación inmobiliaria y gentrificación que desplazan a los habitantes del Barrio.

También, la necesidad de que el Estado cumpla sus obligaciones establecidas en la Constitución de la Ciudad y en las leyes, y se establezcan medidas para paliar los efectos de incendios o derrumbes derivados de la situación de emergencia habitacional, y que generan que haya familias que quedan en situación de calle.

En sus intervenciones en las numerosas audiencias realizadas en el marco de la causa, el Defensor Oficial Dos Santos Freire había señalado la gravedad de la situación que se vive en La Boca. Al respecto, había destacado que no se han dispuesto programas y proyectos específicos para tratar la emergencia del barrio, tal como dispone la ley 2240. Asimismo, había planteado que si bien existen desalojos sistemáticos en la zona (de hasta 200 en curso), no se cumple con lo dispuesto por la ley 3706, pues no se asiste a las personas cuando están en inminente situación de calle (en la mayoría de los casos, evidenciándose la ausencia de los organismos del GCBA que debieran intervenir, como el Programa BAP, el Ministerio de Desarrollo Humano y el IVC). En este sentido, el Defensor Oficial había manifestado que “resulta más racional la asignación de recursos de modo anticipado en tanto amplía la gama de soluciones y permite tratar con tiempo las alternativas que siempre son menores y más costosas en la urgencia”.

Por su parte, la magistrada afirmó en su fallo que, del marco normativo, “se desprende la obligación de la Administración de dirigir sus recursos técnicos, humanos y económicos de modo prioritario hacia las zonas y personas más desfavorecidas de la Ciudad. Sin hesitación, en tanto expresamente ha sido declarada una zona en emergencia habitacional. Asimismo, destacó que, conforme el plexo normativo consagratorio del derecho a la vivienda y los términos de la Observación Nro. 4 [del Comité DESC], el Estado local cuenta con la obligación de asistencia a las personas involucradas en los procesos de desalojos de modo tal de garantizar -sobre todo a quienes se hallan en situación de extrema vulnerabilidad- el acceso a una nueva morada y a los servicios básicos habitacionales (…). También se ha aconsejado allí la procedencia de contar con información sobre la atención a los desalojos como forma de monitorear el efectivo cumplimiento de las disposiciones del pacto”.

Partiendo de aquí, la jueza señaló que el principal cuestionamiento en la causa era “la inexistencia de un modo de poner en conocimiento de la Administración las situaciones de vulnerabilidad y riesgo derivadas del desalojo o colapso de inmuebles y, por ende, la puesta en marcha de los mecanismos estaduales de respuesta. Ello así, el requerimiento del dictado de un protocolo para atención en la zona debe ser acotado y entendido en tales términos: no en el sentido de efectuar un plan o régimen de asistencia sino un régimen de comunicación eficaz que permita que la asistencia que ya se encuentra programada por el GCBA sea activada”.

En las audiencias, en efecto, se había puesto de relieve que el GCBA no puede tener conocimiento de todos los desalojos en curso solo a través de los canales de comunicación existentes, es decir las líneas telefónicas del área social (que además, según se denunciaba, no derivan adecuadamente las llamadas ni establecen una acción de intervención) y, en el caso de los desalojos notificados, la casilla de correo de la Procuración o la mesa entradas del GCBA.

En cuanto a la Resolución Nº 237- SECISYAI/22, a través de la cual el GCBA aprobó el “Mecanismo de Comunicación para la Asistencia ante la Emergencia y Desalojo”, la jueza destacó que ésta no prevé “un canal específico de comunicación, diferenciado de los contactos utilizados para el resto del territorio de la Ciudad ni que se refieran de modo exclusivo a los desalojos o emergencias en el área”. Además, la misma tampoco “especifica cuál es el plazo ni forma en que la Administración otorgará respuesta a los requerimientos de asistencia en los casos de desalojos inminentes o programados que no hayan sido comunicados por los juzgados intervinientes”.

En el caso de las emergencias, esta Resolución sólo establece que si se recibe una comunicación a través de las vías generales de atención, ello se debe poner en conocimiento inmediato al BAP. A su vez, en cuanto a los desalojos sin notificación fehaciente y a realizarse de modo inmediato, se pone a disposición la línea 108, que debe activar la asistencia del BAP dentro de los 120 minutos y la posterior articulación con las demás áreas de gobierno. Sin embargo, como planteó la magistrada, en las audiencias se denunció que la línea 108 no deriva adecuadamente las llamadas y, además, sólo se contempla así “una derivación interna de los llamados, no un modo de comunicación diferenciado”. Ello, cuando la propia Administración ha reconocido que se necesitaría un canal individualizado y diferenciado de atención (incluso habiendo ofrecido en las audiencias, como destacó la jueza, un enlace personal con las personas afectadas por el desalojo, “mientras que en la resolución no hay respuesta directa ni vinculo, agente o funcionario/a disposición)”.

Por último, respecto a los desalojos comunicados con antelación y con fecha de lanzamiento prevista, el Mecanismo del GCBA establece que, en forma previa al efectivo desalojo, se realizará un relevamiento de las personas que viven en el domicilio (para que se les brinde la información, orientación y/o derivación necesaria) y un informe con la identificación del/de la solicitante y el destino (programa) al cual se le podría derivar. Al respecto, señaló la magistrada de la norma  “no surge cuál será el canal habilitado para denunciar de modo anticipado los desalojos que cuenten con fecha cierta ni si existencia requisitos específicos para dar trámite a tales comunicaciones, ni responsables a cargo. (…) Tampoco se ha establecido plazo alguno para efectuar el relevamiento”.

Para finalizar, la magistrada sí destacó que “el mecanismo implementa la presencia de un móvil dependiente de la Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata con el objetivo de identificar y asistir a los vecinos dentro de los polígonos detallados, lo cual sí constituye, a su entender, una acción adicional y específica de atención en el polígono”.

Si bien resta ver cómo se resolverá la cuestión de fondo planteada en este amparo colectivo, cabe destacar la importancia de la medida cautelar que ha sido dictada por la magistrada, pues significa un avance en la reivindicación del derecho a la vivienda de los vecinos del barrio de La Boca.

 

 

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Condenados a prisión perpetua por matar a un policía retirado

Se trata de tres jóvenes que el 18 de febrero de 2021, alrededor de las 20 horas en su pasa de la calle Rio Limay 1357 del barrio porteño de Barracas, la justicia por intermedio el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 20, presidido por la jueza Patricia Mallo e integrado por sus colegas Adolfo Calvete y Diego Leif Guardia, tras un juicio oral que comenzó a principios de marzo y ahora los condena definitivamente con esta dura pena.

Los tres jóvenes fueron condenados a prisión perpetua y otra muchacha a 17 años de cárcel por el crimen del policía federal retirado Alfredo Poggetti, asesinado de un tiro en la cabeza durante el inicio de una fallida entradera ocurrida hace dos años en el barrio porteño de Barracas, informaron este viernes fuentes judiciales.

Juicio oral para los acusados de asesinar a un policía retirado en Barracas

En el fallo se establece que Leandro Javier Berón de Astrada (21) junto a sus dos amigos de nacionalidad paraguaya, Kevin Andrés Limenza González (22) y Luis Enrique Palacios Estigarribia (20), fueron condenados a prisión perpetua.

los detenidos fueron señalados como coautores del delito de “homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo doblemente agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, y mediante la utilización de arma de fuego”, tal cual había solicitado el fiscal de juicio Carlos Eduardo Gamallo.

 

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Barracas: Protesta de trabajadores de Clarín por despidos masivos

Entre la noche del sábado y la mañana del domingo 16 de abril, trabajadores de Clarín recibieron mails de despidos y otros se enteraron al querer ingresar a las instalaciones, en diario de mayor circulación se vive una nueva ola de despidos masivos, de la que se enteraron sus trabajadores al querer ingresar a AGEA no poder hacerlo. Otros, directamente lo vieron en sus mails firmados por el vicepresidente del Grupo Clarín y director general de AGEA, Héctor Aranda, por lo que comenzaron a comunicarse con otros compañeros de trabajo para saber “quién zafó y quién no”.

En Barracas en el ingreso al edificio de Tacuarí 1842, se vivieron momento de extrema tensión y el edificio del multimedio se encuentra vallado y se bloquearon las cuentas de ingreso al medio de los periodistas y fotógrafos despedidos. Según los rumores, son 48 despedidos en total: 40 de redacción.

Este domingo el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre Clarín y trabajadores despedidos, la cartera que dirige Kelly Olmos llamó a las partes a una audiencia para este lunes a las 14.30. Una asamblea de dirigentes y delegados sindicales de prensa realizada a las puertas de Clarín dispuso un paro general de actividades en reclamo de la reincorporación de esos trabajadores.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles por los “despidos injustificados” de “al menos 48 trabajadores” del Grupo Clarín, según denunciaron integrantes de la comisión interna del medio y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

 

 

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