Villa 21/24: La Justicia porteña dictó una nueva orden judicial para resolver el riesgo eléctrico

Villa 21/24: La Justicia porteña dictó una nueva orden judicial para resolver el riesgo eléctrico

Luego de numerosos reclamos y años de padecimientos la Justicia ordenó nuevamente al Gobierno de la Ciudad a que presente un plan que garantice la provisión segura y adecuada del servicio eléctrico en el barrio.

A través de una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 se ordenó al Gobierno de la Ciudad que presente, en un plazo no mayor a 20 días hábiles administrativos, un proyecto que solucione las “falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad existente” en el Barrio 21-24 de Barracas.

Ahora, El GCBA contemplar los informes técnicos elaborados por el ENRE y las recomendaciones efectuadas por el perito ingeniero y el equipo de profesionales del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad. Además, la orden dispuesta recientemente incorporó la participación ciudadana.

Los vecinos de la Villa 21-24 del barrio de Barracas explicaron que vienen denunciando desde 2007 la grave situación de riesgo eléctrico en el barrio que ya tuvo consecuencias fatales, reclamando al Gobierno porteño que tome medidas integrales para garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio.

Esta causa tuvo inició hace 14 años y, ante la falta de respuesta a los reclamos e informes presentados por los vecinos, el MPD y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) iniciaron un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad para solicitar que se le ordene diseñar y ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continúo del servicio de energía eléctrica en el barrio.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó, a fines de 2018, lo resuelto por la Cámara, ordenó al GCBA elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24, que debía ser cumplido dentro de un plazo de 105 días hábiles administrativo, algo que finalmente no sucedió.