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La Justicia dispuso que el Estado que asista a las familias relocalizadas de la ribera del Riachuelo

La Justicia dispuso que el Estado que asista a las familias relocalizadas de la ribera del Riachuelo

En una medida tomada por el juez Jorge Rodríguez se dispuso que en el término de 45 días se presenten alternativas para que los habitantes puedan hacer frente al costo de los servicios públicos, el Estado nacional deberá asistir a las familias que fueron relocalizadas de la ribera del Riachuelo. Como consecuencia de una repuesta ante la presentación conjunta realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación (Programa Riachuelo) y la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Morón, el magistrado solicitó al Estado Nacional que aborde la problemática de los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo, que fueron relocalizados en complejos habitacionales y que no pueden hacer frente al costo de los servicios públicos de sus viviendas. Estas alternativas de solución deberán permitir  a las familias relocalizadas la cancelación de las facturas de servicios públicos que deben, sin que se altere aún más su ecuación económica familiar. El Juez Rodriguez también dispuso que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) deberá brindar información sobre las personas relocalizadas, los barrios y las próximas mudanzas previstas. Por último, requirió a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires que, en el mismo plazo, “presenten una propuesta de acompañamiento tendiente a mantener y evitar el deterioro de las viviendas”. Esta medida es otra de las tantas derivadas del Causa Mendoza y en este caso el Ministerio público de la Defensa logró un fallo favorable de la Justicia  con esta resolución  que ayuda a las familias que se encuentran con enormes dificultades para poder conservar sus nuevas viviendas. En este sentido, ha sido notorio el impacto negativo que tienen los costos de mantenimiento en las economías familiares. En particular, los elevados gastos consorciales redundan en el deterioro a corto plazo de las nuevas unidades, mientras que el alto precio de los servicios públicos ha generado que muchos vecinos no logren abonar las facturas, generando deudas imposibles de cancelar y un inminente peligro de que se les corte el suministro.

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