Aprobaron la reforma del Código Procesal Penal porteño

Aprobaron la reforma del Código Procesal Penal porteño

En la sesión de ayer la Legislatura Porteña aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo logró sacar su proyecto pero, logró un hecho inédito, la unidad de toda la oposición parlamentaria contra la iniciativa del bloque “Vamos Juntos”. El oficialismo argumento la importancia de la reforma señalando que ahora el objetivo es acortar los tiempos procesales y regular nuevas herramientas de investigación. Se trata de una “actualización” de cara al traspaso de las competencias de la Justicia nacional a la Ciudad, y agregaron como otro punto destacado que con la reforma se acortarán los pasos procesales para que la justicia actúe de forma más rápida y eficaz. Además se incorporarán herramientas tecnológicas como notificaciones electrónicas y declaraciones por videoconferencia. La reforma consiguió 33 votos positivos, mientras que la negativa obtuvo 24 votos, luego del resultado confirmado el bloque oficialista expresó con esta sanción se podrá afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local. Desde la oposición hubo durísimas críticas al proyecto aprobado, entre ellas se destaca la expresada por la legisladora del PTS-FIT Myriam Bregman quien en su intervención rechazó enfáticamente el nuevo Código Procesal Penal del Gobierno de la Ciudad de Buenos, que incorpora las figuras del “agente encubierto” y “agente revelador” para armar causas contra las organizaciones populares en tiempos de ajuste. Mariano Recalde de Unidad Ciudadana, también se expresó en contra. “Rechazamos el espíritu de este proyecto del bloque en un contexto de persecución política a los opositores y criminalización de la protesta social y la pobreza. Implica un avance en las facultades de los jueces y los fiscales para avanzar en las arbitrariedades”. La mayor polémica y el punto de más alto rechazo fue el denominado por los legisladores el “permiso para espiar”,las nuevas medidas de investigación fue lo que generó mayor controversia en la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, que expresaron su oposición en un documento que firmaron, entre otros, Amnistía Internacional Argentina (AI), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal Capítulo Buenos Aires (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo para la Diversidad (COPADI) y Poder Ciudadano. Se cuestiona la incorporación del artículo 118 bis, que establece “medidas especiales de investigación” y  habilita a jueces y fiscales a realizar vigilancia encubierta, acceso remoto a celulares o cualquier dispositivo electrónico, captación y grabación de imágenes de personas en espacios públicos y vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización (GPS).